Gran Bretaña es el «capo mercenario» de la industria militar privada mundial, en auge desde que comenzó la «guerra contra el terrorismo» hace 15 años, según un informe visto en exclusiva por The Guardian.
La multinacional británica G4S es ahora la mayor empresa de seguridad privada del mundo, y no menos de 14 empresas tienen su sede en Hereford, cerca del cuartel general del SAS, de cuyas filas al menos 46 empresas contratan reclutas, dice el informe de la organización benéfica británica War on Want.
El enorme aumento del número de empresas militares y de seguridad privadas, con contratos que ascienden a miles de millones de libras, señala el regreso de la era de los «perros de la guerra» (mercenarios) que siguió a la invasión de Afganistán e Irak, dijo John Hilary, director ejecutivo de War on Want.
En el momento álgido de la ocupación de Irak, unas 80 empresas británicas operaban en Irak; ahora hay cientos que operan en zonas de conflicto en todo el mundo, limitadas únicamente por un sistema de autorregulación.
En Libia, las empresas británicas lideraron el camino tras la caída de Muamar Gadafi en 2011, según el informe. La Security Contracting Network, un foro de contratación del sector, publicó un mensaje en los días siguientes a la caída de Gadafi en el que decía: «Habrá un repunte de la actividad, ya que las empresas petroleras extranjeras se apresuran a volver a Libia… sigue el dinero y encuentra tu próximo trabajo».
La principal empresa militar privada del Reino Unido, Aegis Defence Services (ahora parte de GardaWorld), Control Risks y Olive Group también se encuentran entre los principales reclutadores. Sus altos ejecutivos y su consejo de administración están dominados por antiguos oficiales militares, afirma War on Want. El director general de Aegis, por ejemplo, es el ex general Graham Binns, que fue comandante de las tropas británicas en Basora.
El año pasado, G4S consiguió un contrato de hasta 188 millones de libras para proporcionar seguridad a la Compañía de Gas de Basora y firmó un contrato de cinco años y 100 millones de libras con la embajada británica en Afganistán. Entre los clientes de G4S, cuya facturación anual en África ha alcanzado los 500 millones de libras, se encuentran Royal Dutch Shell y AngloGold Ashanti, informa War on Want.
El gasto del Ministerio de Asuntos Exteriores en contratos con empresas privadas de seguridad británicas pasó de 12,6 millones de libras en 2003 a 48,9 millones en 2012, según cifras oficiales.
El uso de ejércitos privados y «arsenales flotantes» por parte de las compañías navieras también está creciendo, según War on Want. Los arsenales flotantes son barcos que se encuentran en el mar, apilados con rifles de alta potencia y gafas de visión nocturna.
Más de la mitad de los miembros de la Asociación de Seguridad para la Industria Marítima (SAMI) son británicos. Protection Vessels International Ltd, una empresa británica, se describe a sí misma como «líder mundial en seguridad marítima armada». Fue creada en 2008 por antiguos militares de alto rango «con el propósito expreso de aplicar normas militares de seguridad», con un equipo «procedente de los más altos niveles de los Royal Marines del Reino Unido, la inteligencia del gobierno británico y el comercio», señala War on Want.
The Guardian ha informado de cómo las empresas de seguridad privada que protegen a los barcos contra los piratas somalíes almacenan sus armas en arsenales flotantes en aguas internacionales para evitar las leyes de contrabando de armas. En 2013, Whitehall concedió 50 licencias para arsenales flotantes en el océano Índico y el golfo de Adén. Hilary, de War on Want, dijo: «Los contratistas militares privados se desbocaron en Irak y Afganistán, dejando un rastro de abusos contra los derechos humanos a su paso. Ahora asistimos al alarmante aumento de mercenarios que luchan en primera línea en zonas de conflicto de todo el mundo: es el regreso de los ‘perros de la guerra'».
Y añadió: «Durante demasiado tiempo se ha permitido que este turbio mundo de las armas de alquiler creciera sin control. Al dejar que la industria se regule a sí misma, el gobierno ha fracasado: sólo una regulación vinculante servirá. Ha llegado el momento de prohibir que estas empresas operen en zonas de conflicto y poner fin a la privatización de la guerra».
Gran Bretaña ha suscrito un código de conducta internacional para los «proveedores de servicios de seguridad privada», que establece principios de responsabilidad ante la ley y los derechos humanos. Sin embargo, se trata de un código de conducta voluntario.
La ONU está elaborando planes para una convención internacional legalmente vinculante para las empresas de seguridad privada y militares. Suiza prohíbe a las empresas con sede en el país operar en zonas de conflicto.